Luis Ernesto,
estudiante de bachillerato, después de ahorrar lo ganado como profesor de redes
sociales de las personas mayores de su urbanización, salió a comprar un par de zapatos deportivos
y, descubrió, con sorpresa, que el precio era mucho mayor que el del mes
pasado. Comprobó con tristeza, que no le alcanzaba el dinero y se encontró de
frente con eso de lo que tanto hablan sus padres, la inflación.
Se puede definir la
inflación como el aumento de los precios de los bienes y servicios en un
período de tiempo. Para medirla, se conforma una cesta de productos básicos
cuyos precios se miden mensualmente a través del índice de precios al
consumidor (IPC). En Venezuela, esta labor, así como la difundir los resultados,
corresponde al Banco Central de Venezuela.
Si bien en el pasado,
la inflación en América Latina llegó a extremos conocidos como “hiperinflación”
como el caso de Brasil cuya inflación fue de 2668% en 1994, actualmente ha
logrado ser controlada y, el promedio mundial es de, aproximadamente, 5%. En
2013, Venezuela fue el único país del mundo que alcanzó una inflación superior
al 50%, y, sólo cuatro países más, de África y Asia, estuvieron por encima de
20%.
La inflación puede
ocurrir porque la demanda de un bien o servicio sube más rápido que la oferta y
el sector productivo no se puede adaptar con rapidez. O como consecuencia de
incremento en los costos de producción, bien sea por aumento de precios de
materias primas (por devaluación o escasez mundial), mayor carga salarial o fiscal,
que afecta directamente la estructura de costos.
La inflación ocasiona
distorsiones en el sistema económico de una nación, sin embargo, el principal
efecto negativo es la pérdida del poder adquisitivo del dinero que afecta, en
primer lugar, a los trabajadores asalariados y pensionados que dependen de
ingresos fijos. Por otra parte, provoca disminución de la inversión privada (nacional
e internacional) y que impacta el crecimiento económico.
Los gobiernos de los
países cuentan con herramientas para controlar la inflación. Una de ellas es el
control del gasto público que puede destinarse hacia actividades productivas
que permitan el incremento de la oferta y, con ello, la disminución de la
presión sobre la demanda de bienes y servicios. Es tarea de todos los
ciudadanos supervisar y exigir que los gobiernos cumplan con la tarea que les
ha sido confiada.
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